RD/Efe
Lunes, 8 de junio 2009
Una sede de la Iglesia católica en Bagua Grande se ha convertido en un gran campo de refugiados de centenares de indígenas que se sienten amenazados por haber participado en los violentos enfrentamientos con la Policía peruana que dejaron al menos 33 muertos el viernes. No hay un censo de los nativos alojados en la sede pastoral de Bagua Grande, ya que ellos entran y salen por decenas en busca de protección o para intentar retornar a sus comunidades por diversos medios.
Estos "refugiados" participaron en la protesta de las comunidades indígenas iniciada el pasado 9 de abril contra varios decretos que consideran lesivos a sus derechos y que derivó, según cifras oficiales, en la muerte de al menos 24 policías y 9 aborígenes durante el despeje de una importante carretera el viernes.
El párroco Castinaldo Ramos dijo a Efe que debe haber unos mil nativos, entre ellos mujeres y niños, en sus instalaciones, unas edificaciones de concreto separadas por un gran terreno arenoso por donde hay que sortear las ollas comunales o la muchedumbre que dialoga entre sí o llora por alguna dolencia.
Vestido con una gorra de béisbol roja y un atuendo deportivo, Ramos explicó que a pesar de la caótica logística y de los pocos recursos con los que cuentan para atender las necesidades de los indígenas, la Iglesia católica realiza con este gesto "un mero acto humanitario".
El sacerdote espera que por fin se concrete el retorno seguro, con ayuda de la Defensoría del Pueblo, de los indígenas a sus casas.
Estos temores se explican por los rumores que circulan en las ciudades de Bagua Grande y Bagua Chica de que las fuerzas del orden estarían deteniendo a los aborígenes heridos en los hospitales o durante su camino de regreso a casa, tal y como relató a Efe Carlos Santisteban, de la Comisión de Apoyo de la sede pastoral.
Tanto es el miedo, que en las puertas de las edificaciones se hace guardia y se controla el ingreso de las personas y una vez adentro, se mira con recelo a periodistas y fotógrafos.
"Tenemos miedo a perder la vida por una equivocación negativa por parte del Gobierno" y que capturen a los nativos y los sometan a juicios injustos bajo el prejuicio de que 'somos personas muy malas, delincuentes'", dijo a Efe el líder awajún Itsa Papee.
El dirigente indígena asegura que vio morir a sus compañeros durante los enfrentamientos con la Policía y, además, tuvo que dejar a otro moribundo porque le estaban disparando.
La ayuda de la Iglesia católica a los aborígenes no sería posible sin el apoyo de los pobladores, que donan alimentos o comida y dan muestras de apoyo a los manifestantes.
Hoy, justo cuando salían de la morgue de Bagua Grande los cadáveres de nueve policías secuestrados y asesinados en la noche del viernes en una estación petrolera, los vecinos comenzaron a gritar: "No somos terroristas", al tiempo que reclamaban "justicia" para los indígenas.
Muchos de estos vecinos se dicen dispuestos a conformar las comisiones para ir en búsqueda de los cadáveres presuntamente arrojados por las fuerzas del orden en ríos como el Huallaga, tal como afirma otro dirigente indígena, Edwin Montenegro, quien dice ser testigo presencial de esos sucesos.
Sin embargo, el viceministro peruano del Orden Interno, Wilson Hernández, descartó hoy rotundamente dichas acusaciones.
Otros no dudan en acoger en sus propias casas a los aborígenes, según confesaron a Efe varias fuentes, entre ellas Ane Marie Cuq, directora del Servicio Agropecuario y de promoción económica, vinculada a la Compañía de Jesús.
En Bagua Chica, el párroco Juan Rimachi dedicó gran parte de su jornada a recolectar y llevar la ayuda humanitaria a un grupo de estudiantes indígenas que acoge en la casa pastoral.
Si bien estos adolescentes no han participado en las manifestaciones, temen represalias por parte de las autoridades por el solo hecho de ser indígenas.
"Ellos están nerviosos, preocupados", manifestó el profesor Julián Taish, al explicar que muchos de sus pupilos han perdido a familiares durante las manifestaciones.
La cantidad de civiles muertos, incluyendo aborígenes, no es clara. El Gobierno los cifra en 9 y los indígenas en más de 30, cifra a la que se suman más de 80 desaparecidos que han reportado las comunidades, según Santiesteban.
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