Hace 19 años, un 16 de noviembre de 1989, fueron asesinados los sacerdotes jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Joaquín López y López, Amando López, Juan Ramón Moreno junto a las colaboradoras Elba Ramos y su hija Celina. Un crimen execrable, con víctimas indefensas, cuyo único delito era buscar la paz entre las posiciones enfrentadas en ese momento: el gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Lugar del asesinato: la Universidad Centro Americana José Simeón Cañas (UCA) de San Salvador. Ejecutores: un comando del batallón elite “Atlacatl”, del ejército salvadoreño.
Algunos autores materiales fueron llevados a un tribunal en 1991. Como hecho insólito, el jurado absolvió a todos los miembros confesos del Comando del “Atlacatl”. Sólo se condenó a dos oficiales del ejército, un coronel y un teniente, quienes fueron indultados a pedido de la Compañía de Jesús. Los autores intelectuales jamás enfrentaron a la justicia. La masacre sigue en la impunidad. Los asesinatos de los Padres jesuitas y sus dos colaboradoras han sido calificados como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, lo que vuelve imperativa la aplicación plena de la justicia y el esclarecimiento total de la verdad, sobre todo respecto a la autoría intelectual en los asesinatos.
En tal sentido, algunas instituciones han vuelto a plantear la reapertura de este caso. Según noticia de El DiarioCoLatino (del 12-11-08), la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) interpuso una querella en la Audiencia Nacional contra 14 miembros del Ejército de El Salvador y contra el ex presidente Alfredo Cristiani Burkard, por su presunta participación en los asesinatos. La APDHE, que cuenta en esta iniciativa con el apoyo del Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) con sede en San Francisco (EE.UU.), presentará la querella en nombre de Alicia Martín-Baró, religiosa carmelita y hermana de una de las víctimas.
La Compañía de Jesús en Centro América ha planteado su parecer en el sentido siguiente: “Respetamos cualquier otra iniciativa que pueda surgir de los familiares de los jesuitas. Pero no participaremos en aquellas actividades judiciales que trasciendan el marco legal salvadoreño o las obligaciones internacionales derivadas de pactos o tratados firmados por El Salvador… Nuestra posición de ayer, hoy y siempre se fundamenta en una convicción y en un compromiso: la justicia en el caso de nuestros hermanos jesuitas, Elba y Celina Ramos contribuye al fortalecimiento de las instituciones nacionales”.
Para leer el pronunciamiento completo clique aquí PRONUNCIAMIENTO.doc .
CPAL
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