(Ronald Grebe- La Paz) La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) ha mostrado su rechazo a todo atentado contra los derechos humanos y las libertades fundamentales en relación con las detenciones realizadas en febrero en Cobija y El Porvenir, al norte de La Paz, cuando efectivos policiales irrumpieron de madrugada en los domicilios de los 14 arrestados aduciendo que no se presentaron a declarar por su presunta vinculación con la muerte de al menos 20 personas el 11 de septiembre de 2008 en El Porvenir. Los prelados se suman así a la condena del vicario apostólico de Pando, Luis Casey, y recuerdan que “en Bolivia rigen un estado de derecho y normas legales correspondientes para asegurar los procedimientos más adecuados en la administración de justicia”.
Casey, por su parte, desveló que “los testimonios de los familiares y los reportes de los medios de comunicación dan cuenta de procedimientos y actos de violencia que atropellan las libertades y derechos fundamentales”.
El titular de Beni, Julio María Elías, rechazó las declaraciones de miembros del Gobierno de Evo Morales, que calificaron de “política” la posición de Casey, lamentando que cada vez que el clero dice algo en el marco de la moral y la Doctrina Social de la Iglesia surgen este tipo de declaraciones.
Mientras, el arzobispo de Cochabamba, Tito Solari, sostuvo que los cuatro prefectos opositores de Beni, Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca deben participar de la reunión convocada por el Gobierno, pues es la única forma de restablecer el entendimiento y la pacificación.
Vida Nueva
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