Varios estudiantes visitan una exposición con los objetos personales de los jesuitas asesinados en San Salvador
El juez Velasco instruirá la causa por delitos de asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco se ha declarado competente para investigar a 14 miembros del Ejército de El Salvador por su presunta implicación en el asesinato de seis jesuitas (entre ellos religiosos españoles) y dos de sus empleadas en 1989. En un auto, Velasco ha admitido la querella presentada el pasado 13 de noviembre por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), en la que además de denunciar a estos 14 militares se querellaban contra el ex presidente de El Salvador Alfredo Cristiani, que no será investigado por el magistrado.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional instruirá la causa por delitos de asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes. Las dos asociaciones han acudido a la Audiencia por haber sido los hechos denunciados perdonados por el Parlamento salvadoreño, que en 1993 aprobó una ley de amnistía general que ha protegido hasta hoy a todos los que estuvieron supuestamente implicados en la masacre en la Universidad Centroamericana (Uca) de San Salvador.
Entre los jesuitas muertos en la operación militar que llevaron a cabo una treintena de uniformados se encontraban cinco españoles: los religiosos Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno y Amado López.
Era demasiado tarde para que hubiera estudiantes. Sobre las tres de la madrugada del 16 de noviembre de 1989, en pleno toque de queda, una treintena de miembros uniformados del Ejército salvadoreño entraron en la Universidad Centroamericana (Uca) de San Salvador y dispararon contra todos los que encontraron. En esa matanza perecieron Ignacio Ellacuría "el rector" y otros cinco jesuitas, todos profesores, así como la mujer del guardián y su hija.
Diecinueve años después, dos asociaciones de derechos humanos, una española y otra estadounidense, han solicitado que se juzgue en España al entonces presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani, por haber consentido y encubierto la masacre, y a 14 militares que supuestamente participaron en la operación criminal. La querella, promovida por la Asociación pro Derechos Humanos de España y el Centro de Justicia y Responsabilidad, con sede en San Francisco (EE UU), solicita que se investiguen esos hechos, perdonados por el Parlamento salvadoreño, que en 1993 aprobó una ley de amnistía general que ha protegido hasta hoy a todos los que estuvieron supuestamente implicados en la masacre, aún en libertad.
Ésa es la razón de que ambos colectivos hayan elegido la Audiencia Nacional, competente para juzgar los delitos de genocidio cometidos en el extranjero. Los hechos, según el escrito presentado ayer, "se subsumen en crímenes de lesa humanidad y terorismo de Estado" o, alternativamente, "en asesinatos cometidos en el contexto de crímenes contra la humanidad".
Lo primero que había que decidir era si se admitía a trámite, paso previo al inicio de la investigación.
La competencia de este órgano vendría también determinada porque cinco de las víctimas (los religiosos Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno y Amado López) eran españoles.
"Encubridor"
Cristiani, según la querella, sería responsable como "encubridor" de los hechos. El ex presidente "ocultó información sobre los hechos", eludió "una adecuada investigación", organizando otra que incurrió "en graves irregularidades procedimentales" e ignoró los requerimientos de la justicia salvadoreña para investigar las muertes.
Además del ex presidente Alfredo Cristiani, entre los denunciados se encuentran el entonces ministro de Defensa, Humberto Larios, o el que era jefe del Ejército Mayor Conjunto de la Fuerza Armada de El Salvador cuando se produjo el atentado, René Emilio Ponce, además de otros cargos de los departamentos de Defensa y Seguridad Pública y otros militares miembros del batallón de Infantería Atlacatl, a los que se acusa de perpetrar los crímenes.
El presidente salvadoreño, Elías Antonio Saca, se mostró ayer en contra del proceso penal que podría iniciarse en España. "Creo que abrir heridas del pasado no es la mejor fórmula para la reconciliación", aseguró Saca, que recordó que, en su momento, se firmó un acuerdo de paz basado en la Ley de Reconciliación y la Ley de Amnistía. Precisamente esta última norma es la que ha impedido que se juzgue a los presuntos autores de la matanza.
"Nos sentimos muy orgullosos del presidente Cristiani", prosiguió Saca. "Es el presidente de la paz, es un hombre que sacó al país de la quiebra económica. Estamos con él, lo apoyamos y lo apoyaremos hasta el último instante, porque es un hombre histórico para el país. Definitivamente no tiene nada que ver en eso", concluyó
Grandes esperanzas
Sin embargo, la querella ha generado grandes esperanzas entre los colectivos de derechos humanos salvadoreños. "Es un hito histórico porque demuestra que en El Salvador está vigente la impunidad", dijo ayer David Morales, abogado de la Fundación de Estudio y Aplicación del Derecho (Fespad) y de un grupo de organizaciones de memoria histórica, ante la noticia de la posibilidad de abrir en España un juicio que se ha negado tanto tiempo en ese país.
Por su parte, la Compañía de Jesús y la Universidad Centroamericana, a la que pertenecían los sacerdotes asesinados, reiteraron que no son parte de la demanda hecha en Madrid, aunque respetan las iniciativas que puedan surgir en reclamo de justicia por parte de los familiares de los asesinados. "Desde hace años, la Compañía de Jesús en Centroamérica y la Uca han tomado la decisión de actuar en el caso jesuitas exclusivamente con los instrumentos legales propios de El Salvador", aseguró el sacerdote José María Tojeira, actual rector. "No participaremos en aquellas actividades judiciales que trasciendan el marco legal salvadoreño o las obligaciones internacionales derivadas de pactos o tratados firmados por El Salvador", añadió.
La Uca demandó a Alfredo Cristiani en 2000, así como a seis altos militares, entre ellos los generales retirados Guillermo García y René Emilio Ponce, a los que ahora se intenta investigar en España. Pero la demanda no prosperó al considerarse que el delito había prescrito.
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