miércoles, 11 de diciembre de 2013

JESUITAS. Una Mirada sobre el Desplazamiento forzado y el Refugio en América Latina

Bogotá 10 de Diciembre de 2013. Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 2013, el Servicio Jesuita a Refugiados para Latinoamérica y el Caribe (SJR LAC) presenta en el documento “Migrantes forzados: límites en la protección, esperanza en la paz  y espejismo del postconflicto” un panorama del desplazamiento forzado y el refugio en la región. 

Objetivo del documento

Cuando una persona es obligada a huir dejándolo todo, y se ve enfrentada a una situación de desplazamiento forzado o de refugio, la mayoría de sus Derechos Humanos han sido violentados. La respuesta que deben ofrecer los Estados desde la protección de la vida de quienes migran contra su voluntad e igualmente de la reparación de los daños causados, muchas veces llega demasiado tarde y, al no adecuarse a las necesidades, termina afectando nuevamente los derechos que estas personas tienen.

El Servicio Jesuita a Refugiados en Latinoamérica y el Caribe, en el día de los Derechos Humanos quiere presentar una Mirada Regional, que representa una radiografía sobre las causas del desplazamiento forzado y las deficiencias que existen en la protección de los derechos de los migrantes forzados, centrada en las regiones fronterizas de Colombia y sus vecinos, y en las fronteras de exclusión que existen en las grandes urbes donde hace presencia el Servicio Jesuita a Refugiados. Se trata de un documento de trabajo orientado a animar una genuina reflexión sobre las diferentes formas de la migración forzada, principalmente el desplazamiento interno y el refugio.

Partes del documento

Cuando intentamos mirar regionalmente desde la experiencia del caminar cerca de las personas que han tenido que migrar de manera forzada en América Latina, nos vemos obligados a preguntarnos por varios aspectos; son estas preguntas las que configuran las partes de la Mirada Regional del SJR: 

¿Cuál es la dinámica actual de las violencias en la región que generan el desplazamiento forzado y la expulsión fuera de los países de origen?, ¿Qué nivel de protección se está ofreciendo a aquellas personas que deben huir de los territorios en contra de su voluntad?, ¿De qué manera se están restableciendo los derechos violentados?, ¿Cómo se está dando acogida en los lugares de llegada?, ¿Cuáles son las perspectivas en términos de las soluciones duraderas para estas personas?



Argumentos o ideas fuerzas


Sobre las causas de la migración forzada:

La Declaración de Cartagena elaborada en 1984, que representa la actualización latinoamericana de los deberes de protección que tienen los Estados para con quienes han tenido que migrar de manera forzada, amplía la definición de refugiado con¬tenida en la Convención de la ONU de 1951, incluyendo a las personas que han huido de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. 

La importancia de esta conclusión, que ha sido incluida por varios de los Estados de la región en sus políticas internas, y que ha sido ratificada por los distintos Gobiernos en periódicos encuentros, radica en reconocer que las causas del desplazamiento forzado interno y la necesidad de protección internacional tienen que ver con situaciones muy complejas y de diversas características. Esa compleja y diversa realidad se mantiene. Queremos con la Mirada Regional hacer referencia a algunos de sus rasgos:
  • Agudización del conflicto armado y sus impactos en las regiones fronterizas de Colombia y sus vecinos.
  • Mantenimiento de grupos guerrilleros y grupos armados heredados del paramilitarismo, que por su presencia y acción violenta, afecta la vida de las y los ciudadanos en las zonas fronterizas.

Sobre la protección que se brinda a quienes migran contra su voluntad:

Desde el año 2011 se ha venido insistiendo a nivel regional en que existe un evidente retroceso en el reconocimiento y la protección de las personas que siguen huyendo dentro de Colombia y hacia los países vecinos. Las garantías de protección de las y los refugiados comienzan con la posibilidad de realizar una solicitud ante el país de llegada, recibir de éste una respuesta afirmativa y en ningún caso ser devuelto.
Sin la documentación, su vida, seguridad y posibilidades de gozar de todos los derechos se ven limitados. La realidad para miles de personas que han huido por miedo, y que se encuentran en las regiones fronterizas y en las ciudades capitales de la región, está marcada por la dificultad de contar con un documento de identidad que les brinde seguridad, que garantice su no devolución, que facilite el tránsito en el país de llegada, el acceso a la educación y de manera muy particular la posibilidad de contar con medios de vida dignos donde no sean explotadas y explotados. El primer reto de quien huye entonces es ser reconocido en su necesidad de protección.

Sin embargo, los índices de aceptación de solicitudes ante las oficinas nacionales de Refugio son muy bajos, igualmente cada vez es más difícil acceder a la determinación de la condición de refugiado. 

En la extenuante experiencia de quienes han tenido que dejarlo todo huyendo de los distintos tipos de violencias, el reconocimiento jurídico de su situación de Desplazamiento Forzado o de su estatus de Refugiado, debe verse reflejado en el mejoramiento de sus condiciones de vida. La vida cotidiana de las y los refugiados está sembrada de imposibilidad para gozar de sus derechos humanos: identidad, alimento, medios de vida, educación, vivienda, entre los más necesarios. Sin embargo, esperar uno o dos años para obtener el reconocimiento legal, no garantiza el logro de esos objetivos básicos. 

Sobre las soluciones duraderas:

Las y los refugiados cuentan con la posibilidad de retomar el curso de sus vidas en medio de las comunidades donde se instalan. De hecho, una de las soluciones duraderas a la realidad de estas personas, la auto subsistencia y la integración local, implica un proceso de construcción conjunta con las comunidades que les reciben. 

Sin embargo, al pensar en las y los colombianos que huyen de la guerra en sus territorios y que son acogidos por otros países como Panamá, Venezuela y Ecuador, es inevitable preguntarse si existen las condiciones dentro de Colombia para que estas familias y personas regresen a sus lugares de origen.  

Desde esta mirada al contexto regional, es posible plantear algunos elementos que ayuden a dar respuestas a la pregunta por si existen condiciones en Colombia para que las familias y personas refugiadas regresen a sus territorios como una de las posibles soluciones duraderas.

En el documento recordamos claramente que las repatriaciones tienen que, además de ser voluntarias y con suficiente información, contar con garantías de seguridad para que no se repitan las violaciones de los derechos de las personas, razón por la cual dejaron su país.
Como podemos evidenciar a lo largo de la Mirada Regional, construida a partir de las miradas locales del SJR desde sus distintos equipos de terreno en los países de la región, esas garantías de seguridad aún no son ofrecidas por el Estado de Colombia. Inclusive tenemos que hacer un esfuerzo mayor por visibilizar ante los Estados de la región y las sociedades de acogida, que los riesgos sobre la vida de miles de personas colombianas se mantienen. Por decirlo de una manera amplia: la violencia generalizada, razón fundada que reconoce la Declaración de Cartagena como motivación para solicitar protección de otro Estado, persiste en el presente.

Conclusiones

Estamos aún lejos de vivir en una situación de posconflicto en Colombia. La paz sigue siendo un ideal que hace su camino en medio de las negociaciones en la Habana, mientras en algunas regiones de Colombia la violencia se intensifica y expulsa de sus casas y hacia las fronteras a familias colombianas enteras que solicitan protección internacional en un contexto de endurecimiento y restricción de las leyes y políticas de refugio. 

Este proceso de superación del Conflicto Armado colombiano y sus efectos nos tomará por lo menos una década, e implicará la colaboración de los diversos sectores de las sociedades en la región. La protección que se siga brindando a quienes huyen de la guerra es muy importante y debe continuar ampliándose. 

La hospitalidad de las comunidades de acogida es la garantía para iniciar desde ya procesos de reconciliación y de búsqueda de soluciones duraderas para miles de personas en la región, que al huir han elegido la vida como valor supremo. La paz se va construyendo en la vida cotidiana y los migrantes forzados allí donde se encuentran tienen la oportunidad de aportar en este camino conjuntamente con quienes les han acogido.

Recomendaciones.

Desde el SJR estamos haciendo un llamado a los Gobiernos de la región para que :
  1. Se tenga en cuenta que la paz es un proceso que no implica sólo el cese de hostilidades, sino también una transformación de las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales; 
  2. Que se incorporen en las legislaciones nacionales los instrumentos internacionales existentes para  que éstos permitan ampliar y mejorar la protección de los migrantes forzados; 
  3. Estar atentos a no generar expectativas de retorno a las víctimas que se encuentran fuera de las fronteras de Colombia, habida cuenta de la falta de garantías para regresar con los mínimos de voluntariedad, dignidad y seguridad; 
  4. A buscar mecanismos en todos los países de acogida de personas colombianas expulsadas por la violencia, para que, sin afectarse sus derechos como refugiados, puedan acceder a los derechos de verdad, justicia y reparación integral.
SJR

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